En la actualidad, vivimos en una sociedad donde el conocimiento y la experiencia práctica son fundamentales para el desarrollo profesional. A pesar de ello, aún existen barreras significativas que limitan el reconocimiento de estas habilidades, especialmente para aquellos que no han pasado por la universidad.
Propongo la creación de un Certificado de Profesionalidad Universitaria que sirva para validar el nivel de conocimientos y competencias de quienes, aunque no tienen un título universitario formal, poseen una vasta experiencia y formación no académica equiparable a la de un graduado universitario.
Este sería un paso crucial para fomentar una mayor equidad en el ámbito laboral.
La realidad del Certificado de Profesionalidad actual
En España, el Certificado de Profesionalidad ya existe para reconocer el nivel de conocimientos y habilidades de una persona que, aunque no haya completado estudios formales, ha adquirido competencias equivalentes a través de la formación no académica y la experiencia profesional.
Este certificado permite a muchas personas demostrar que están al nivel de alguien con un Grado Profesional Medio o Superior. Es una iniciativa justa que busca nivelar el campo de juego y abrir oportunidades para aquellos que, por diversas razones, no tuvieron acceso a la educación formal.
Sin embargo, esta medida se queda corta al no extenderse a aquellos que podrían compararse con profesionales con títulos universitarios.
La discriminación sistémica hacia lo no universitario
Desde mi experiencia, he visto cómo las barreras administrativas y sociales colocan un techo a quienes no tienen un título universitario. Esta discriminación no solo se percibe en el acceso a mejores oportunidades laborales y salariales, sino también en la posibilidad de progresar dentro de las organizaciones.
Por ejemplo, en las administraciones públicas, una persona que lleva décadas trabajando en un puesto administrativo difícilmente alcanzará el salario de un recién titulado universitario que se incorpore al mismo departamento. La diferencia salarial y de oportunidades no refleja la realidad de las competencias y conocimientos adquiridos por el trabajador con más experiencia.
Este es un claro caso de injusticia que refleja una forma de clasismo administrativo, donde solo se valora el papel y no la capacidad real.
El techo de cristal en la Carrera Profesional
Para aquellos que poseen un título de Formación Profesional de Grado Superior (FPII) y cuentan con años de experiencia y formación continua, las oportunidades de progresar o asumir roles de mayor responsabilidad son limitadas.
A menudo, las normativas y estructuras de las organizaciones públicas y privadas reservan los puestos de mayor responsabilidad y los salarios más altos exclusivamente para quienes poseen un título universitario, sin considerar la experiencia y la formación autodidacta de muchos profesionales.
Esto crea un techo de cristal que impide a los y las profesionales sin titulación universitaria alcanzar su máximo potencial, independientemente de su competencia y dedicación.
La necesidad de un Certificado de Profesionalidad Universitaria
Ante esta situación, surge la necesidad de crear un Certificado de Profesionalidad Universitaria. Este certificado debería estar diseñado para evaluar y reconocer las competencias, conocimientos y habilidades de aquellos profesionales que, a pesar de no tener un título universitario, han demostrado tener un nivel de competencia equiparable o superior al de un graduado universitario.
Este reconocimiento formal permitiría a estos profesionales acceder a las mismas oportunidades de empleo y desarrollo profesional que sus colegas universitarios.
Argumentos a favor de un cambio necesario
Reconocimiento de competencias reales:
No siempre un título universitario garantiza la competencia o la profesionalidad. Muchos trabajadores adquieren conocimientos y habilidades a través de la experiencia, la formación continua y la autoeducación, que son igualmente valiosos.
Un Certificado de Profesionalidad Universitaria permitiría reconocer estas competencias de manera formal.
Fomento de la inclusión y diversidad profesional:
Al valorar las habilidades prácticas y la experiencia por igual que la educación formal, se fomenta un ambiente laboral más inclusivo y diverso, que reconoce y celebra diferentes caminos hacia la competencia profesional.
Motivación y retención de talento:
Dar a los trabajadores no universitarios la oportunidad de progresar en sus carreras basándose en su experiencia y habilidades, en lugar de solo en su educación formal, puede aumentar la motivación y reducir la rotación, especialmente en el sector público.
Adaptación a la realidad del mercado laboral actual:
En un mundo laboral en constante evolución, donde las habilidades y el aprendizaje continuo son clave, las organizaciones necesitan reconocer y valorar todo tipo de conocimiento y experiencia, no solo el que se obtiene a través de la educación universitaria.
Propuesta de Implementación
Para implementar un Certificado de Profesionalidad Universitaria, sería necesario desarrollar un sistema de evaluación estandarizado que considere tanto la experiencia laboral relevante como la formación adicional y continua.
Este sistema podría incluir:
- Evaluaciones Prácticas y Teóricas: Que midan el conocimiento y las habilidades en áreas específicas.
- Revisión de Experiencia Laboral: Considerando años de servicio, roles desempeñados y logros alcanzados.
- Formación Continua y Autodidacta: Reconociendo la formación adicional y el aprendizaje autodidacta que muchos profesionales realizan fuera del sistema educativo formal.
Es fundamental que como sociedad avancemos hacia un sistema que valore y reconozca todas las formas de adquisición de conocimiento y experiencia. Un Certificado de Profesionalidad Universitaria no solo corregiría una injusticia, sino que también promovería una cultura laboral más inclusiva, equitativa y justa, donde el verdadero valor de las personas se mide por su capacidad y contribución, no solo por sus credenciales académicas.
Para lograrlo, necesitamos un cambio de mentalidad y una reforma en nuestras políticas y estructuras administrativas, que abran el camino hacia una mayor igualdad de oportunidades para todos los profesionales, independientemente de su trayectoria educativa.